Para ser consecuentes con el título de la conferencia que hoy nos reúne debemos, a manera de ser didácticos, abordar algunos conceptos que necesariamente tenemos que recordar a fin de, posteriormente, correlacionarlos con la realidad de los tiempos actuales, que procuraremos reseñar a grandes rasgos. Correlación que dejaremos a la libre consideración de cada uno de los aquí presentes. A este fin, hemos recurrido a documentos de reciente data y que han sido elaborados por expertos latinoamericanos, obviamos cualquier referencia nacional, de manera de impregnar de objetividad los planteamientos que de ellos se desprenden. Sin embargo, resulta obligante destacar, sin emitir juicios, los principios fundamentales de la organización del Estado y del sistema político venezolano, contemplados en la Constitución Nacional vigente. En este sentido, en la carta magna se destaca que: La nueva república debe consolidar los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para ésta y las futuras generaciones”. Así, invoca como principios esenciales y fines de la sociedad, los derechos fundamentales a la vida, al trabajo, a la cultura y a la educación; se asegura la justicia social, se hace mención como objetivo social fundamentalel asegurar la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna”.

Así tenemos que Salazar y Woldemberg en el texto “Principios y valores de la democracia”, editado por el Instituto Federal Electoral de los Estados Unidos Mexicanos, cuya lectura recomendamos, señalan que “la democracia moderna, es ante todo un método, un conjunto de procedimientos para formar gobiernos y para autorizar determinadas políticas, pero este método presupone un conjunto de valores éticos y políticos que lo hacen deseable y justificable frente a sus alternativas históricas, el autoritarismo o la dictadura. Estos valores, a su vez, son el resultado de la evolución de las sociedades modernas, y pueden y deben justificarse racionalmente, mostrando por qué son preferibles y cómo pueden realizarse institucionalmente, lo que significa que no se trata de meras cuestiones de gusto que, como es sabido, son individuales y subjetivas, sino de cuestiones que pueden y deben debatirse pública y racionalmente, proponiendo argumentos razonables, tanto para entender sus características como para mejorar sus realizaciones.

Tres son los valores básicos de la democracia moderna y de su principio constitutivo (la soberanía popular): la libertad, la igualdad y la fraternidad. Para comprenderlos adecuadamente conviene considerarlos analíticamente, para después examinar sus relaciones de conjunto.

¿Qué significa ser libre en el contexto de nuestras sociedades complejas? Existen al menos dos sentidos decisivos de libertad: el primero remite a la posibilidad de actuar sin interferencias ni amenazas. En este sentido, por libertad se entiende que cada individuo goza del derecho a realizar determinadas actividades sin que nadie -ni el gobierno, ni organización social alguna, ni algún otro individuo- se lo impida. Por ejemplo, todo ciudadano es libre de asistir a la iglesia de su preferencia, de trabajar en tal o cual empleo, de formar una familia, de votar por un partido, etc. Su libertad así entendida puede verse como la posibilidad de elegir entre diversas alternativas sin verse sujeto a sanciones, amenazas o impedimentos; es, por ende, una libertad frente a los demás y frente a las instituciones sociales y políticas.

Naturalmente, no se trata, ni puede tratarse, de una libertad absoluta o ilimitada. La libertad de cada ciudadano se ve limitada, por un lado, por la necesidad -ésta sí, absolutade no afectar la libertad de los demás; nadie puede ser libre de someter o restringir la libertad de los otros, pues tal cosa es precisamente lo que caracteriza a los sistemas antidemocráticos: el que uno o algunos pretendan ser libres para oprimir o despojar de su libertad a la mayoría. Que un individuo pretenda desarrollar actividades que anulan o limitan las libertades de sus conciudadanos, por ejemplo, coaccionarlos para que asuman determinada creencia religiosa, o para que voten por un cierto partido, debe prohibirse en cualquier estado democrático.

La igualdad jurídica y política de todos los ciudadanos, es el segundo valor fundamental de la democracia moderna. Este valor no significa que se cancelen todas las diferencias o incluso desigualdades de corte económico, social, cultural o físico, sino que ninguna de tales diferencias o desigualdades puede legitimar el dominio de unos seres humanos sobre otros y, por ende, la preeminencia política de los primeros sobre los segundos. Por eso, es un principio básico de los procedimientos democráticos que cada ciudadano tenga derecho a un voto y sólo a un voto, y que ningún voto valga más que los demás. De esta manera, en el momento de emitir los sufragios, desaparecen las diferencias intelectuales, físicas o socioeconómicas, y cada votante tiene exactamente el mismo peso en los comicios, sin importar su ocupación, su sexo, su fortuna o sus capacidades personales.

Pero el valor de la igualdad política no sólo se realiza en los comicios, implica, por el contrario, que todo ciudadano goce de los mismos derechos y de las mismas obligaciones y, por consecuencia, que no existan grupos, clases o capas sociales privilegiadas con derechos políticos especiales, lo que explica que las normas jurídicas democráticas tengan que ser universales al disponer los derechos y las obligaciones de todos los ciudadanos, y que nadie -persona o grupo- pueda pretender colocarse por encima del imperio de la legalidad. Siendo esas normas universales, su aplicación deberá ser igualitaria, sin excepción de personas o intereses específicos.

Afirmar el valor de la fraternidad, es decir, afirmar que todos los seres humanos deben tratarse como hermanos significa, en primer lugar, enfatizar los valores antes mencionados de la libertad y la igualdad de los ciudadanos, pero significa algo más, que resulta importante para el buen funcionamiento de los procedimientos democráticos, a saber, que a pesar de sus diferencias y conflictos de intereses o de opinión, los miembros de una sociedad no deben verse como enemigos, es decir, como divididos en bandos contrapuestos e irreconciliables, sino, en todo caso, como copartícipes parcialmente conflictivos en la formación de la voluntad política nacional.

En otras palabras, la democracia requiere, para funcionar correctamente, que los conflictos no excluyan la cooperación, y que la cooperación no excluya los conflictos. Por ello es éste, quizás, el valor más difícil de entender y asumir dentro de las democracias modernas, pues supone dejar atrás tradiciones y actitudes, no sólo autoritarias, sino beligerantes, fuertemente arraigadas en la historia de la humanidad, y pasar a concebir y practicar la política de un modo distinto, tolerante y racional.

Asumir entonces el valor democrático de la fraternidad supone reconocer que las contradicciones sociales, los conflictos entre grupos de interés o de opinión, o entre partidos políticos, no son contradicciones absolutas, antagónicas, que sólo pueden superarse mediante el aplastamiento, la exclusión o la aniquilación de los rivales, sino contradicciones que pueden y deben tratarse pacífica y legalmente, es decir, mediante procedimientos capaces de integrar, negociar y concertar soluciones colectivas legítimas y aceptables para todos. Por ello, la democracia política es prácticamente imposible cuando la sociedad se encuentra desgarrada por polarizaciones extremas, cualquiera que sea su naturaleza, pues entonces no existe la posibilidad de llegar a acuerdos y compromisos y sólo queda la «solución» de fuerza, la exclusión, el aniquilamiento, el sometimiento absoluto de los derrotados, situaciones todas radicalmente incompatibles con los valores democráticos en su conjunto.

En este sentido, la instalación y consolidación de un sistema democrático parece exigir un aprendizaje colectivo de los valores de la estabilidad, de la paz, de la legalidad, de la autolimitación, de la cooperación y de la tolerancia. Un aprendizaje que lleva a reconocer derechos y obligaciones recíprocos, a asumir el valor de la pluralidad y la diversidad, y a renunciar a dogmas y maniqueísmos políticos. Un aprendizaje, además, que conduce a la formación de partidos y tendencias políticas conscientes de los alcances y las limitaciones de la competencia propiamente democrática, en la que nadie puede colocarse por encima de la legalidad, en la que nadie puede pretender tener privilegios contra la mayoría, en la que, incluso, las mayorías eventuales han de asumirse siempre como parte y no como todo, y en la que, por consiguiente, deben respetarse plenamente los derechos de las minorías, incluido su derecho a volverse mayoría.

Hace exactamente dos años, en un evento al que acudimos invitados por un sector importante del estado Aragua, tuvimos oportunidad de disertar acerca de gobernabilidad y la crisis que en ese sentido se percibía en nuestro país.

Creímos importante en esa ocasión comenzar con una definición de gobernabilidad y en este sentido, señalamos que “esun estado de equilibrio dinámico entre demandas sociales y capacidad de respuesta gubernamental”, en ésta, al decir de su autor, se articulan los principios de eficacia, legitimidad y estabilidad, al tiempo que permite ubicar la gobernabilidad en un plano de relación entre el sistema político y la sociedad. Cuando el autor habla de equilibrio dinámico, se refiere a que a pesar de la existencia de conflictos, estos varían dentro de márgenes tolerados y esperables para los miembros de la comunidad política, es decir que esto no significa que no haya conflictos, cuestiones irresueltas e incluso problemas irresolubles; pero el hecho que importa resaltar, es que esas diferencias son aceptadas como tales e integradas en el marco de la relación de gobierno vigente en una sociedad. Se destaca además, que el mantenimiento de adecuadas condiciones de gobernabilidad depende en alto grado de la capacidad del gobierno para llevar adelante una gestión eficaz de la economía y una satisfactoria promoción del bienestar social.

Cuando nos encontramos ante una situación dificultosa y complicada, hablamos de crisis, al referir ésta a gobernabilidad, se está describiendo una situación en la que confluyen desequilibrios, bien inesperados, bien intolerables entre demandas sociales y respuestas gubernamentales.

En atención a esa definición, señalamos cómo en nuestro país era evidente una crisis de gobernabilidad y cómo ésta había conducido, de acuerdo a opinión de analistas, a una espiral de violencia política que tiene como una de sus causas un creciente enfrentamiento entre gobierno y sus partidarios y los sectores de la sociedad que no coinciden con el proyecto revolucionario. El discurso oficialista intenta convencer de una transformación estructural orientada al beneficio de quienes fueron “excluidos” en la llamada cuarta república, y así hablan de democracia participativa y protagónica, en tanto que quienes disienten, afirman que de lo que se trata es de aniquilar las instituciones democráticas, el estado de derecho,las libertades, entre ellas la de expresión, ejercer control sobre la economía, en síntesis, poder unipersonal y totalitarismo.

Dos años, como ya dijimos, han transcurrido desde entonces, y si bien la situación en cuanto a actores principales ha cambiado, se ha tornado, en un muy corto tiempo, en una de incalculable magnitud en cuanto ella afecta todos los estamentos de la sociedad y se convierte en preocupante amenaza que obliga a la reflexión, pero también a la acción, al despertar de la conciencia y a hacer evidente el carácter venezonalista del que siempre nos hemos sentido orgullosos y por el que fuimos un país admirado y envidiado durante mucho tiempo.

Pudiera parecer extraño el que un grupo de profesionales de la salud y en un centro donde ésta es dispensada y atendida, ocupáramos un espacio para análisis como el que hoy nos atrevemos a hacer y a compartir, y es que tenemos que despertar, es que priva sobre profesión, actividad, inclinación, el sentido de país, de ciudadanía, de padres y de madres, de hijos, de formadores de juventud, de herederos de una historia de libertades; y así como hace 65 años se cumplió un sueño casi irrealizable“la idea de construir un hospital en plena segunda guerra mundial”, cuando los materiales escaseaban y era difícil conseguir instrumentos para dotar a las clínicas, y sin embargo, la motivación de sus fundadores y la continuidad en el esfuerzo de sus sucesores, han hecho no solo realidad la existencia de este centro médico de San Bernardino, como se conoce comúnmente,sino convertirlo en referencia de calidad, también es posible, si atendemos el llamado de conciencia, hacer real el sueño de un país libre, de la reconstrucción de la Venezuela que merecemos.

Dicho esto vamos a describir, a grandes rasgos, la actual circunstancia de nuestro país,para lo cual abordaremos los aspectos jurídicos, económicos y sociales.

Violaciones constitucionales y legales:

El Estado venezolano ha incumplido mandatos constitucionales que interfieren desde una primera línea en el orden jurídico: el contralor falleció y hasta la fecha no ha sido designado un sucesor. Los miembros del Tribunal Supremo de Justicia finalizaron su período en diciembre de 2012 y fueron sustituidos por los suplentes, sin esperar que la Asamblea Nacional designara a los titulares. Está por finalizar el período de tres (3) miembros del Consejo Nacional Electoral y aún no se designa el comité de postulaciones para iniciar el proceso de designación de los rectores.

Con motivo del fallecimiento del Presidente, quien fue electo para ejercer un período presidencial a partir del 10 de enero del año en curso, el Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia del 09-01-13, decidió, en base al principio de la continuidad administrativa, visto que el Vicepresidente ya era Presidente encargado, continuar ejerciendo dicho cargo hasta tanto se convocara a elecciones, contraviniendo el artículo 231 de la constitución nacional.

Posteriormente, el 06 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que el Vicepresidente debía permanecer ejerciendo el cargo de Presidente encargado, en virtud del artículo 233 de la Constitución Nacional, puede ejercer dicho cargo con todas las atribuciones constitucionales y legales como jefe de Estado, jefe de Gobierno y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, igualmente señala la sentencia que el órgano electoral puede admitir su postulación como candidato, ello contraviniendo lo establecido en el artículo 229 de la Constitución Nacional.

Bien vale la pena aquí recordar a Rodríguez Cepeda, quien nos dice: “sin estado de derecho no existe democracia. Por ello, el tema aparece como un punto relevante en la agenda de los procesos de transición, normalización y consolidación democráticas.

Por supuesto, un estado de derecho no se da por generación espontánea, ni depende sólo de la voluntad o decisión de algún actor político en particular, su construcción es un proceso que involucra a todos los actores políticos relevantes y a la ciudadanía, y no se agota en la edificación de un sistema jurídico o constitucional, el estado de derecho se expresa y realiza en la norma legal, pero también en la definición y el funcionamiento efectivo de las instituciones, así como en la cultura y las prácticas políticas de los actores.

En el estado de derecho prevalece el gobierno de las leyes sobre el arbitrio de los hombres, al tiempo que se reconocen y garantizan las libertades de los ciudadanos, por ello, es un patrimonio común que debe ser creado, protegido y consolidado responsablemente por todos los actores políticos. Es una plataforma compartida que previene y, en su caso, castiga las arbitrariedades de la acción política, a la vez que ofrece certidumbre y orden políticos. Orden que, cabe precisar, no es inmutable, ya que el estado de derechodemocrático brinda los espacios y los procedimientos legítimos para la libre confrontación de los proyectos y los programas políticos, que buscan dotar de contenido sustantivo a los regímenes democráticos. De esta forma, el estado de derecho democrático está abierto al pluralismo, a la tolerancia y al cambio social, y puede considerarse, con toda justicia, como una conquista civilizatoria del pensamiento y la acción políticos”.

Aspectos económicos:

La política gubernamental ha traído efectos perversos en la estructura económica del país, uno de ellos es laprofundización de la condición monoproductora y la destrucción del aparato productivo. Mientras, en la búsqueda de mejores condiciones de vida, los países en vías de desarrollo procuran aumentar el abanico de opciones de exportación, en Venezuela éstas se han ido concentrando en el petróleo, nuestro producto básico, pasando de 68,7% del total de las exportaciones en 1998, a más de 96% para el año 2012, datos tomados del Banco Central de Venezuela.

A ello se une la persecución gubernamental contra las empresas establecidas, mediante expropiaciones, incluso sin indemnización. “desde diciembre de 2004 hasta noviembre de 2010, el gobierno venezolano había realizado 799 expropiaciones en todo el territorio nacional. Los sectores agroindustrial, hidrocarburos e inmuebles lideran la larga lista”, datos tomados de ElUniversal, según el periodista Juan Paullier (BBC Mundo, Caracas), la cifra alcanza 1.087 empresas desde 2003. Otras fuentes nos señalan que “intensos controles aduaneros, trámites para el control de mercancías, incremento de multas e impuestos” han ocasionado que el comercio en la zona limítrofe de Táchira haya decaído 85%, según Fedecámaras.Durante la última década han desaparecido 240.000 empresas, al pasar de 617.000 en 2002 a 377.000, la misma fuente (Dossier 33) señala que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reconocía la desaparición de 177.000 empresas en igual período. En todo caso, esas cifras aumentan al considerar la creación de nuevas empresas en el período.

Ello ha conducido al incremento desaforado de las importaciones para atender el consumo de una población creciente. De allí el que la participación de las importaciones respecto al producto interno bruto se haya duplicado y el índice de importaciones per cápita haya aumentado 2,25 veces entre 1998 y 2012 (fuente: BCV, INE).

A la destrucción del aparato productivo y el aumento de la estructura monoproductora se une la destrucción del valor de la moneda vía deterioro de la tasa de cambio con fines fiscalistas. Para no extender el período a los años previos a la reconversión monetaria, el valor del dólar respecto al bolívar era 2,15 Bs/$ en 2008 y hoy es 6,30 Bs/$, es decir 2,5 veces si se considera la apreciación oficial y 10 veces si se expresa en el terreno de la realidad para el venezolano común. Sin embargo, ello le permitirá al gobierno disminuir el déficit fiscal, expropiando el ingreso de los venezolanos.

La consecuencia directa de la política económica es la escasez de productos, “el índice de escasez de diciembre (de 2012) fue el más alto en 55 meses”,según fuentes acreditadas, el ya visto incremento de las importaciones ante la falta de producción nacional. Respecto a la inflación, baste señalar, que Venezuela ocupó el tercer lugar, después de Bielorrusia y Etiopía, en el ranking mundial de precios al consumidor para el año 2011 y ese lugar le correspondió,de acuerdo a indexmundi con 26% de inflación. ¿Qué decir del 31,2% de 2002 o 31,9% de 2008? de que nos habla José Huerta, de Consultoría de Información.

Todo esto se traduce en el empobrecimiento de la población en Venezuela. Mientras el salario mínimo alcanzó 100.000Bs. en 1998 (equivalente a US$ 182,63), para 2013 se sitúa en 2.407 Bs.F. (equivalente a US$ 382) si se considera la apreciación oficial, pero inferior a US$ 100 si se considera la tasa de cambio real para el venezolano común.

¡Y este desolador panorama ha tenido como telón de fondo el aumento del precio del petróleo de 10 dólares por barril en 1998 a más de 100dólares por barril en 2012!

Aspectos sociales:

El tema social, en todos sus aspectos, es el que más ha violentado a la sociedad venezolana, bástese con la mal llamada inseguridad, que debe denominarse criminalidad, porque es lo que ha ocurrido, una gran ola de criminalidad; sólo en el año 2012 ocurrieron 21.000 muertes violentas, la mayoría de las mismas como víctimas menores de 25 años, y para este año 2013 la situación no es diferente, por cuanto en el primer trimestre hubo 3.400 homicidios, según lo anunció el titular del Ministerio del Interior y Justicia Néstor Luis Reverol, lo que se corresponde con un aumento del 7% con respecto al mismo lapso del año pasado. ¿Cómo podemos obviar la situación carcelaria?, en la que al hacinamiento se une, como grave condición patológica, la figura y actuación de los llamados pranes y las perversiones, entre las que se destacan los llamados coliseos, que unidos a la tradicional violencia, ya suma alrededor de 600 internos fallecidos (recordar, El Rodeo y, más recientemente, Uribana).

En materia educativa, aparte del ahorcamiento presupuestario a la universidad venezolana, que no permite su cabal desarrollo, vemos que más de 400 mil jóvenes entre 13 y 17 años están fuera de la educación; ello ocurre luego de diez años y de la inversión de cuantiosos recursos para desarrollar ambiciosos planes educativos, el 20% de la población estudiantil no se está formando.

Y como aspecto de gran inquietud tenemos el desarrollo de una violencia que adquiere carácter terrorista, cuando por la vía de severos ataques delictivos, se pretende intimidar a quienes pensamos diferente, ejemplo de ello es nuestra UCV, que ha recibido alrededor de 56 ataques sin que nuestras denuncias hayan tenido respuesta alguna.

Y qué decir de los millares de refugiados en centros donde habita la violencia, el ocio, se exacerban las conductas desviadas, se cultiva la condición de miseria y donde cohabitan, en pugnaz relación, un sector decente y humilde con el lumpen. Y aún se les alimenta de manera perversa una esperanza.

Aspectos de salud:

En materia de salud, la situación es inquietante, aparte de ser un derecho constitucional, existe una gran improvisación, la política de salud está plagada de intereses políticos, por lo que no se obtienen los intereses deseados. El desprecio por la medicina venezolana,expresado en la creación de un sistema de salud paralelo, dirigido y ejercido fundamentalmente por cubanos,cuya formación no pareciera responder a las exigencias de un aspecto tan delicado como lo es la salud,y que evidencia además, un desprecio por el pueblo objeto de esa atención, se le une la creación de estudios médicos de un nivel cuestionable, basados en improvisación, con criterio masificador que han creado una falsa ilusión, para no decir estafa, a quienes en su deseo de superación y orientados por su vocación, han ingresado a ellos para egresar con la inmensa preocupación de encontrarse frente a una realidad para la cual no han sido formados. Los pronunciamientos al respecto y la oferta de ayuda de la universidad venezolana, de la Academia de Medicina, se han desoído y descalificado.

Sin embargo, y paradójicamente, los jerarcas del momento,sus familias, con contadas excepciones, y de eso creemos que algunos de ustedes pueden ser testigos, recurren a nuestros centros de salud,confiados en que nuestra medicina y nuestros médicos poseen excelente calificación, y… de manera perversa se habla de la salud para el pueblo.

No es mentira la crisis hospitalaria, basta conversar con la gente común, esa que sufre la angustia de un ruleteo, que en la mayoría de los casos culmina en la muerte de su familiar; del que debe procurar un medicamento, un insumo cualquiera, porque la voluntad y mística del médico, dolorosamente, no es suficiente para salvar una vida, y en el hospital, simplemente, no hay un catéter, una solución,un apósito, por decir lo menos.

Pero secuestiona la medicina privada. ¿Con qué moral?, nos preguntamos.

Para recuperar los planes de salud se requiere un gran acuerdo nacional.

Estas y otras muchas situaciones de las que ustedes no han permanecido ausentes, nos permiten afirmar con firmeza que Venezuela atraviesa por una severa crisis de gobernabilidad, que la participación decidida de la ciudadanía, y aquí se incluyen los partidos políticos, es un imperativo para la búsqueda de soluciones hacia la restauración de una gobernabilidad democrática, que los intereses personales pasan a ser subalternos frente al requerimiento de los tiempos de hoy, que se requiere de un liderazgo consciente, serio, que apartando todo protagonismo, pueda convocar al colectivo a incorporarse de manera decidida a esta empresa.

Es verdad que lo aquí narrado es una historia de catorce años, pero lo terrible de ello es que se ha maximizado en 100 días, y se lepretende dar continuidad para los próximos seis años. ¡¿Dónde está nuestra conciencia?!¡¿Dónde está la dignidad de los venezolanos?!

Este siempre fue un país de justicia, de democracia y libertad. Venezuela reclama con angustia la presencia de hombres y mujeres dignos, dispuestos al rescate de los valores morales, que al constituir su identidad, han sido paulatinamente vulnerados, con la triste consecuencia de un país escindido, de un despunte de violencia que acaba con la juventud, que destruye familias, que corrompe y corroe los cimientos de dignidad, solidaridad, respeto, sobre los que siempre se ha erguido la hermosa condición de venezolanidad.

El tiempo que se aproxima es de expectación, de angustia y de esperanza. Todos quienes aquí estamos seremos protagonistas de un futuro de claridad o de penumbra, estamos obligados a un ¡despertar de conciencia! ¡El destino de Venezuela está y estará siempre en la libre expresión de sus comicios!

Finalmente y para la reflexión a que invitamos al inicio de nuestra intervención, citamos de nuevo a Salazar y Woldemberg:

“Pero entre el ideal democrático y la realidad democrática median enormes y profundas diferencias. La democracia no es ajena a patologías de múltiples tipos. Fenómenos tales como la indiferencia ciudadana, la irresponsabilidad política, la atrofia de las instituciones, la sobrecarga de expectativas, los intereses particulares que gravitan por encima de los de la mayoría, son fenómenos que se encuentran en la realidad de la democracia. Pero precisamente el ideal aquí descrito, es el que permite juzgar las desviaciones y contrahechuras de la realidad”.

Y tal como ellos lo señalan y nosotros asumimos: “como quiera que sea, este texto solamente ha querido subrayar los valores y principios del ideal democrático, el cual no puede confundirse con la realidad. La tensión entre ideal y realidad es la que precisamente previene para no esperar milagros de la democracia”.